Desde junio 30 de 2016, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Promesa que, de facto, puso a Puerto Rico en un proceso de sindicatura en el que la Junta de Supervisión Fiscal tiene la encomienda de renegociar la deuda pública de Puerto Rico, a la cual le cobija la protección de quiebra.
Source: elnuevodia.com
