La pérdida de alrededor de $7,400 millones que Puerto Rico ha sufrido en dos décadas debido a la corrupción gubernamental debe mover a la clase gobernante, así como al electorado, a tomar acciones firmes que detengan el robo de los recursos necesarios para servir a la población, propulsar el desarrollo económico y atender las obligaciones.
Source: elnuevodia.com