Economistas recomendaron ayer que, más allá de los actos ilegales que el gobierno federal le imputa a Gabriel Hernández, socio fundador de la firma BDO Puerto Rico, el caso debe servir para examinar los controles gubernamentales que se supone prevengan el fraude asociado a los decretos por las leyes 20 y 22.
Source: elnuevodia.com
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